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Cultivo de coca en Colombia se disparó en 2016 a niveles sin precedentes, informó EE.UU.

“Estamos recogiendo nuestra última cosecha para que cuando los del gobierno lleguen a erradicar ya no quede nada. Pero, ¿arrancarla? ¿Cómo vamos a arrancar la hojita si el gobierno no nos trae alternativas para que continuemos cultivando la tierrita?”.

El cultivo de coca en Colombia se disparó en 2016 a niveles sin precedentes, tras casi dos décadas de esfuerzos millonarios por acabar con el narcotráfico en el país suramericano, según estadísticas difundidas el martes por el gobierno estadounidense. Colombia cerró 2016 con 188,000 hectáreas de cultivos ilícitos, 18% más que el año anterior. Las plantaciones van en aumento desde 2012, cuando había 78,000 hectáreas. En 1999, cuando arrancó la campaña antinarcóticos Plan Colombia, auspiciada por Estados Unidos, hubo 123,000 con un pico en 2001 y una tendencia a la baja desde 2007.

Estos cultivos, que la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas (ONDCP por su sigla en inglés) realiza mediante imágenes satelitales, se traducen en una producción potencial de 710 toneladas métricas de cocaína, un 37% más que el año anterior. El consumo de cocaína en Estados Unidos, principal destino de la droga colombiana, permanece prácticamente estable, según el informe.

Ante el incremento, las autoridades colombianas prometen una reducción drástica de 100,000 hectáreas este año, la mitad de manera forzada sin alternativas visibles para los campesinos y la otra, mediante programas de sustitución de cultivos en el marco del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a finales del año pasado. La implicación de la guerrilla en esta operación da cierta confianza a unos agricultores incrédulos, acostumbrados desde finales de los 90 a que los proyectos queden “bajo la mesa”.

En Putumayo, en la frontera con Ecuador y uno de los departamentos más cocaleros del país, los campesinos aún temen que la coca desaparezca dejando la zona como un “desierto” de pobreza, como en la época de la fumigación aérea con glifosato, un método masivo para acabar con las plantaciones ilegales, que fue suspendido en 2015 por sus efectos nocivos para la salud y el medio ambiente, y con tan poca precisión que calcinaba lo que se encontrara por delante.

A mediados de febrero, el gobierno, las FARC y organizaciones campesinas de Putumayo firmaron uno de esos proyectos para sustituir la coca por productos como el maíz, el cacao o el café, que pretenden llegar a los 40 municipios que concentran la mitad de la coca. Sobre las cenizas de lo que era el “laboratorio” donde procesaba la hoja, Eduardo Espinosa, de 49 años, se despide de lo que ha sido su sustento durante 17 años. “Estamos recogiendo nuestra última cosecha para que cuando los del gobierno lleguen a erradicar ya no quede nada”, dice con cierta amargura.

“Pero, ¿arrancarla? ¿Cómo vamos a arrancar la hojita si el gobierno no nos trae alternativas para que continuemos cultivando la tierrita?”. Las zonas cocaleras son remotas. Llegar a este cultivo implica un viaje de una hora en moto por un camino sin asfalto, hora y media en lancha por el río y casi media hora caminando bajo un sol que atraviesa la piel. El Ejército y la policía ya han incendiado en esa zona varios laboratorios y el siguiente paso son los cultivos, uno a uno y manualmente. En lo que va de 2017 ya se han erradicado 6,100 hectáreas de cultivos ilícitos en todo el país, según el Gobierno colombiano.

La meta oficial es erradicar 100,000 hectáreas (250,000 acres) de coca este año. “Tenemos en marcha un plan concreto y medible, con zanahoria y garrote”, dijo el presidente Juan Manuel Santos Calderón, el martes en un discurso. Desde que arrancó el Plan Colombia, que apostó sobre todo por el glifosato, se han fumigado unos dos millones de hectáreas. Desde las carreteras de Putumayo, todavía se ven campos abandonados que solían ser de coca, cercados por bosques de palmeras decapitadas o con las palmas chamuscadas por esa sustancia.

“Siempre hemos estado dispuestos a sustituirla, pero el gobierno siempre nos ha prometido y nos ha engañado”, afirma Julio César Jaramillo, de 43 años y con tantos hijos que su esposa califica su casa de guardería. La más pequeña, de tres años, ya sabe cómo agarrar la mata y pasa jornadas en el campo cuando no hay otro lugar donde dejarla. “La hoja de coca es nuestro sustento, pero como campesinos únicamente nos ha dejado el cansancio, la fama y la desilusión”, insiste.

Sin embargo, los cultivadores de la coca de todo el país, la mayoría favorables a la sustitución, se están organizando para afianzar las cosechas que el gobierno busca arrancar sin alternativas. El gobierno calcula que 82,000 familias en todo el país viven de esta planta y la ONU estima que cada campesino, primer eslabón de la gran cadena del narcotráfico, gana 1,180 dólares al año por su labor. Aunque Estados Unidos adelantó que ve improbable la reanudación de la fumigación aérea, el gobierno de Donald Trump probablemente exija a Colombia que ataque estos cultivos de forma contundente.

Para el analista Adam Isacson, la presión de Estados Unidos irá aumentando en 2018, con elecciones en Colombia y nuevas cifras en Estados Unidos. Pero para él, reducir los cultivos requiere paciencia, pues la erradicación manual es costosa, lenta y peligrosa. “La erradicación estuvo mal coordinada con esfuerzos por construir presencia del estado en áreas abandonadas”, explicó el experto en un informe. Desde 2013, cuando empezaron a repuntar los cultivos, el peso se devaluó en relación al dólar, lo que hizo más rentable el kilo de hoja de coca.

También el precio del oro cayó volviendo más ineficaz la minería ilegal, otra de las fuentes de financiación de grupos armados ilegales. “La resistencia organizada de cultivadores de coca detuvo la erradicación en varias áreas”, agregó Isacson. “El gobierno, en plenas negociaciones con la guerrilla decidió no responder (a las protestas) para no desencadenar confrontaciones violentas con campesinos en zonas de influencia de las FARC, pero desafortunadamente el Estado tampoco respondió con un aumento de presencia civil o servicios básicos”, concluyó.

AP

14 de marzo, 2017

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