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Corrupción, naturaleza, reelección y plusvalía van a la consulta popular en Ecuador

Lenín Moreno, que hasta la semana pasada recibió más de 450 propuestas de la ciudadanía, grupos políticos y de interés, dijo que el tema más requerido por todos ellos era la preocupación por la rampante corrupción.

QUITO, Ecuador. 2 oct. (EFE) — La lucha implacable contra la corrupción, la defensa de la naturaleza, la abolición de la ley de reelección indefinida, así como la no menos polémica de plusvalía, aparecerán en la consulta popular que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, piensa llevar a cabo en su país. En su informe a la nación de los lunes, Moreno Garcés destacó que el objetivo de la consulta, a la que no puso fecha, es “recuperar el espíritu de la Constitución de Montecristi” de 2008, y hacer que ésta vuelva a nacer “fértil” por el bien de la ciudadanía y de la democracia ecuatorianas.

Sus asesores presidenciales hicieron entrega del pliego de preguntas a la Corte Constitucional, aunque ha sido el mismo presidente quien ha revelado su contenido. Lenín Moreno, que hasta la semana pasada recibió más de 450 propuestas de la ciudadanía, grupos políticos y de interés, dijo que el tema más requerido por todos ellos era la preocupación por la rampante corrupción y que, acerca de ello, versaría la primera de las preguntas.

“Vamos a consultar sobre la supresión de por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción. Que nunca más vuelvan a ser: ¡ni funcionarios, ni candidatos!”, explicó. Y “lo mismo”, abundó, “con las empresas corruptas y corruptoras: que jamás puedan volver a contratar con el Estado”. La consulta fue planteada hace unas semanas como vía para fortalecer la democracia y las instituciones, aunque también las políticas que quiere llevar a cabo Lenín Moreno pero que cuentan con oposición dentro de su propio partido, Alianza País.

Son en particular las preguntas dos y tres, que pedirán la opinión popular sobre el futuro del llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social —organismo creado por el anterior gobierno de Rafael Correa Delgado para elegir a las autoridades de control, y que se ha visto notoriamente desfigurado— y de la ley de reelección indefinida. Aprobada en consulta popular en las pasadas elecciones presidenciales —según sus detractores, para agilizar el regreso de Rafael Correa—, Moreno Garcés argumentó que se trata de un mecanismo que “debilita la democracia”.

“¡Todo, absolutamente todo!, en este caso, se pone en función de la perpetuación de una persona. ¡Ni siquiera de un proyecto!, ¡ni siquiera del futuro del país! Creo que la alternabilidad amplía los derechos de participación, fortalece la rendición de cuentas y garantiza la democracia”, explicó el presidente al plantear su abolición. Un planteamiento similar que ha hecho con la polémica Ley de Plusvalía, también emblema de su predecesor y correligionario, pero que ha acabado generando una recesión y paralizando la construcción.

“Tiene efectos negativos en el empleo y en la economía. Por ello, (...) consultaremos sobre (su) eliminación. (..) Posteriormente, trabajaremos sobre propuestas para combatir la especulación e impulsar el sector de la construcción”, afirmó Moreno. La quinta y la sexta responden a demandas de las comunidades indígenas para proteger el medio ambiente, e incluirán medidas para ampliar el Parque Nacional Yasuní (noreste), la reducción a la tercera parte del área de explotación petrolera en el yacimiento ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), y limitar la minería metálica en “áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos”.

Lenín Moreno, que nació en la Amazonía, quiere alentar en ese sentido “una minería responsable, que respete las normas ambientales y sociales, y que no afecte ni (a los) ecosistemas frágiles, ni (al) hábitat”, ello a pesar de su intención de fomentar esta industria hasta convertirla en el segundo motor económico de Ecuador. Más sorpresa ha causado la última de las cuestiones, que versará sobre crímenes sexuales contra menores.

“Estoy proponiendo que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca. ¿Por qué esta pregunta? Porque esos crímenes (…) encuentran impunidad por el silencio y el temor, por la indefensión de los niños”, argumentó. Las consultas populares han sido una práctica habitual en el sistema político ecuatoriano y es un mecanismo que, en determinados momentos de la historia, ha sido usado para legitimar el poder. El pliego de preguntas, en manos ahora de la Corte Constitucional, debe ser aprobado por un conjunto de nueve jueces, antes de que el Ejecutivo ponga fecha a la convocatoria.

02 de octubre, 2017

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