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Caso Odebrecht amenaza con mandar a la cárcel a varios expresidentes peruanos

Los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García salieron abruptamente del país apenas se difundió la noticia de las primeras capturas por el caso de corrupción de Odebrecht. Ninguno de los dos tiene intenciones de volver al Perú.

El estallido del caso Odebrecht en Perú, con las primeras revelaciones que acusan directamente de recibir sobornos a las más altas instancias políticas del país, amenaza seriamente con dejar en prisión a todos los presidentes peruanos desde la recuperación de la democracia en 1980. Tan solo Fernando Belaúnde (1980–1985) y Valentín Paniagua (2000–2001), ambos fallecidos, quedarían al margen de la larga sombra de sospecha que se cierne sobre las personas que ostentaron la más alta magistratura de la República de Perú, una situación que varios analistas y periodistas del país califican de “traumática”, “confusa” y “vergonzosa”.

Todos los demás, Alan García Pérez (1985–1990 y 2006–2011), Alberto Fujimori (1990–2000), Alejandro Toledo Manrique (2001–2006) y Ollanta Humala Tasso (2011–2016), o ya está en la cárcel o afrontan investigaciones serias por corrupción, o tienen a varios de sus colaboradores más cercanos encarcelados y negociando su cooperación con la fiscalía, para tirar de la manta. De todos estos, Kenya Fujimori es el que menos implicado aparece de momento en el caso Odebrecht, cuyas coimas millonarias comenzaron a darse después de su Gobierno.

Sin embargo, Kenya Fujimori ya se encuentra en prisión condenado, además de por varios delitos de violación a los derechos humanos, por varios cargos de “peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado”. Estrictamente por el caso Odebrecht, el más implicado de momento es Alejandro Toledo, después de que el exdirector de la compañía brasileña en Perú, Jorge Simoes Barata, confesara a la fiscalía que pagó 20 millones de dólares al expresidente para ganar la licitación de una carretera.

La confesión llevó a la Fiscalía a ordenar el fin de semana pasado el registro de la mansión que Toledo compró en Lima al poco tiempo de dejar el Gobierno y se espera que en las próximas horas se emita un pedido de busca y captura en su contra. Toledo Manrique, que se encuentra en París y quien tiene previsto viajar a Estados Unidos para reincorporarse a su trabajo como investigador en la Universidad de Stanford, ha negado por activa y pasiva haber recibido sobornos y ha acusado a sus “enemigos” de impulsar esta acusación para vengarse por haber defendido la recuperación democrática del país.

Aún se desconoce si Toledo regresará a Perú para afrontar los cargos que todos los analistas y expertos penales coinciden que se presentarán contra el expresidente, o si se defenderá desde el exterior, lo que en Perú se vería como una asunción de culpabilidad. El siguiente presidente con mayores problemas con la justicia es Ollanta Humala, quien ya está siendo investigado formalmente por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

Sobre Humala Tasso y su mujer, Nadine Heredia Alarcón, pesan sendos impedimentos legales que les obligan a contar con una autorización judicial expresa para ausentarse de su lugar de residencia, cambiar de domicilio o salir del país. La acusación sobre ellos es la de haber recibido fondos del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar las campañas electorales de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista que presidían.

A Alan García, quien ha sido el que más duramente ha cargado públicamente contra “las ratas” y los “fariseos” acusados de recibir coimas de Odebrecht desde su cuenta de Twitter, la trama le está salpicando a través de varios de sus inmediatos colaboradores. De hecho, los primeros detenidos en el país a causa de las confesiones han sido el que fuera su viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, y Edwin Luyo Barrientos, uno de los responsables de la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, adjudicada a Odebrecht en 2009.

Cuba Hidalgo fue detenido la semana pasada nada más regresar a Perú desde Estados Unidos, donde se encontraba desde que se hizo público que la Fiscalía peruana y Odebrecht habían llegado a un acuerdo para obtener confesiones en casos de soborno. Ambos detenidos, según sus abogados, están considerando acogerse a la figura de “colaborador eficaz”, que les reduciría la pena a cambio de confesar el delito y brindar información sobre otros implicados.

En una medida preventiva, el Partido Aprista Peruano, de Alan García Pérez, abrió proceso disciplinario y suspendió de sus derechos partidarios a Enrique Cornejo Ramírez, el ministro jefe directo de Jorge Cuba e inició una campaña de desprestigio en su contra. García Pérez, al igual que Toledo, se encuentra fuera del Perú, tal y como hizo al culminar su primer gobierno en 1990, período en el que le llovieron acusaciones de corrupción de distinta índole y no ha dado señales de que vaya a regresar al país en un futuro próximo.

Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014. La compañía brasileña acordó con la Fiscalía de Perú pagar 30 millones de soles (unos 9 millones de dólares) como un adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas obtenidas con los sobornos, además de entre toda información o documentación que le sea requerida por este caso por las autoridades peruanas.

EFE

06 de febrero, 2017

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